Agencias | El Papiro
Ciudad de México.- En una sesión que se prolongó por casi seis horas, el Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma constitucional que reducirá de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, modificación que no se realizaba desde hace más de un siglo.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en lo general con 121 votos a favor y cero en contra. Tras su aprobación, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente al Constituyente Permanente.
Aunque el respaldo fue unánime, el debate evidenció diferencias entre Morena y los partidos de oposición. Legisladores del PAN y del PRI votaron a favor, pero cuestionaron que la reducción no entre en vigor de inmediato, sino que se implemente de forma gradual hasta el año 2030.
Desde tribuna, los presidentes de las comisiones dictaminadoras —Óscar Cantón Zetina, de Puntos Constitucionales; Enrique Inzunza, de Estudios Legislativos, ambos de Morena; y Geovanna Bañuelos, del Partido del Trabajo, presidenta de la Comisión del Trabajo— defendieron la ruta planteada en el dictamen.
Señalaron que la implementación progresiva permitirá cumplir con una demanda histórica de la clase trabajadora sin generar afectaciones abruptas a la economía nacional ni a los sectores productivos.
El senador Enrique Inzunza subrayó que la iniciativa presidencial “no es aislada ni coyuntural”, sino que forma parte del proceso de transformación del país y de la consolidación de un Estado Constitucional de Bienestar. Afirmó que la reforma es congruente con el nuevo modelo laboral impulsado en los últimos años.
Por su parte, el dirigente panista Marko Cortés y legisladores de su bancada calificaron la medida como “tardía” y pidieron que los dos días de descanso obligatorios —derivados de una semana laboral de cinco días— entren en vigor este mismo año. En el mismo sentido se pronunciaron senadoras del PRI; Carolina Viggiano consideró que la propuesta representa “una simulación” al posponer su aplicación total hasta 2030.
La reforma implica una modificación al Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer una jornada máxima de 40 horas semanales, frente a las actuales 48.
De ser aprobada también por la Cámara de Diputados y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales, la reducción de la jornada laboral se convertirá en un cambio histórico en el marco legal mexicano, marcando una nueva etapa en los derechos laborales del país.
