La Casa Blanca lanzó una advertencia a los legisladores demócratas sobre las investigaciones que preparan contra el gobierno del presidente Donald Trump, al señalar que algunas de estas acciones podrían cruzar la línea hacia una posible conducta criminal si buscan intimidar o amenazar a funcionarios federales.
La advertencia fue emitida por el abogado de la Casa Blanca, Will Scharf, mediante una carta fechada el lunes y dirigida a Robert Garcia, principal representante demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, quien podría encabezar ese organismo cuando los demócratas asuman el control del Congreso en enero.
En el documento, Scharf sostuvo que las amenazas contra funcionarios del Poder Ejecutivo, así como las investigaciones utilizadas para intimidar o infundir miedo, podrían considerarse “criminalidad flagrante”. Esto ocurrió después de que Garcia advirtiera a integrantes de la administración Trump que contrataran abogados ante las pesquisas que se avecinan.
Por su parte, el legislador demócrata respondió que el Congreso no necesita autorización de la Casa Blanca para ejercer sus facultades de supervisión y aseguró que las investigaciones buscarán esclarecer posibles actos de corrupción y abusos de poder. También consideró que la reacción del gobierno podría indicar que el presidente tiene algo que ocultar.
Entre los temas que los demócratas pretenden investigar se encuentran el posible enriquecimiento de Trump y su familia desde su regreso a la Presidencia, el manejo gubernamental de la investigación relacionada con Jeffrey Epstein y las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Asimismo, buscan revisar la construcción del nuevo salón de baile de la Casa Blanca y otros proyectos, además de los posibles vínculos de la familia Trump con acuerdos sobre minerales y operaciones de criptomonedas relacionadas con el enviado especial Steve Witkoff.
En medio de la controversia, el secretario de Justicia, Todd Blanche, señaló que las declaraciones de los demócratas podrían constituir un delito si llegan a convertirse en amenazas. Sin embargo, también reconoció que el Congreso tiene autoridad para supervisar al gobierno y afirmó que las instituciones federales continuarán colaborando para responder a sus solicitudes de información.
El enfrentamiento anticipa una nueva etapa de tensión entre la administración republicana y los demócratas, quienes, tras sus victorias en las elecciones intermedias, buscan utilizar el control del Congreso para intensificar la vigilancia sobre las decisiones, proyectos y posibles conflictos de interés del gobierno de Trump.
